En las últimas semanas hemos sido testigos del accionar de la justicia en la lucha contra la corrupción en el Perú, el fiscal Domingo Pérez ha demostrado su especial habilidad para perseguir el delito, y haciendo uso de tácticas singulares logró que el poder judicial dictara orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori y demás miembros de su organización política, siendo detenida fácilmente en la puerta de la misma fiscalía, sin embargo, al poco tiempo el mismo poder judicial ordenó la liberación de todos ellos, pero de inmediato el fiscal Domingo Pérez formalizó la investigación preparatoria, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko y diez personajes muy cercanos a ella, y entonces, se dieron las maratónicas audiencias que llamaron la atención de todos los peruanos, el juez Carhuancho también hizo lo suyo, en el momento menos pensado dio a conocer su decisión sobre Keiko Fujimori ordenando su reclusión por 36 meses, luego, le siguieron Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz y Luis Mejía Lecca, y lo más probable es que en las próximas horas los demás investigados corran la misma suerte, con excepción de Jorge Yoshiyama luego de que decidiera contar la verdad y colaborar plenamente con la investigación fiscal. 

En medio de este desenlace, otro actor de gran peso político entró en escena, Alan García había sido citado por el fiscal Domingo Pérez para que declare nuevamente ante la fiscalía en un caso relacionado con Odebrecht y que se encuentra en la primera etapa de investigación preliminar, es decir, donde no cabe el pedido de prisión preventiva.

Alan García tuvo que retornar de España para atender este llamado y así acudir en medio de la atención pública a la Fiscalía, previamente había señalado su disposición de colaborar con las investigaciones porque no tenía nada que temer, ingresó sonriente, manejando la escena, sin embargo, otra vez el fiscal Domingo Pérez parecía lograr su propósito, Alan García había regresado al Perú para enfrentar la justicia, sólo que en este caso debía asegurarse de que no se fuera del país para garantizar su concurrencia al proceso que se le sigue, por eso decide suspender la diligencia, ampliar la investigación preliminar y solicitar su impedimento de salida del país.

Alan García también resultó sorprendido ante la táctica de Domingo Pérez, a la salida de la Fiscalía se veía desencajado, en algún momento llamó “imbéciles” a los periodistas que se encontraban con él, había perdido el control de la situación y trataba de contenerse frente a esta difícil situación que debía enfrentar en los próximos días.

El segundo juzgado de investigación preparatoria señaló hora y día de la audiencia para evaluar el pedido fiscal, a las pocas horas Alan García hace público su allanamiento a la solicitud de Domingo Pérez, hasta que llega el día sábado y el juez admite el pedido, después de una corta audiencia decide prohibirle al expresidente que salga del Perú por 18 meses.

A los pocos minutos Alan García brinda declaraciones a la prensa: "estaré a disposición de la fiscalía para presentar las contrapruebas, porque no basta con lo dicho. (...) No es un deshonor estar 18 meses en mi patria, (esta decisión) la acato y estoy aquí, porque he sido presidente dos veces", dijo.

"No dudo que es una escalada para ganar publicidad, les garantizo que están buscando a cualquiera de los inculpados para que, a cambio de perdonar su pena, digan que ese dinero es de Alan García", también señaló con total tranquilidad en sus declaraciones.

Hasta ese momento todo parecía estar bien encaminado para el fiscal Domingo Pérez, sin embargo, el mismo sábado, a las pocas horas, el expresidente García remite una carta de solicitud de asilo al presidente de Uruguay, también conversa telefónicamente con él y finalmente se conduce —en horas de la noche— a la residencia del embajador uruguayo para su autoexilio y paciente espera de la respuesta del presidente Tabaré Vásquez, con quien coincidió también en el máximo cargo durante su segundo mandato presidencial.

En la carta de solicitud de asilo político (que debería ser de asilo diplomático) habla de la vacancia presidencial de PPK (quien renunció, no fue vacado), señala que los funcionarios de Odebrecht jamás señalaron que hablaron con él de nada ilícito, refiere que la comisión Lava Jata del Congreso no encontró ninguna prueba que lo vincule con los temas investigados, también indica que los fiscales son comisionados por el régimen (de Vizcarra) para infamar y destruir a sus adversarios políticos, sostiene que el referéndum para la no reelección de los congresistas es un recurso para fortalecer la pasajera popularidad del “presidente accesitario”, además, señala que las escuchas telefónicas contra algunos magistrados es para capturar la Fiscalía de la Nación, destituir a Chavarry y entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno.

En el siguiente párrafo sostiene que como el congreso, principalmente el partido fujimorista, no accedió a la destitución del Fiscal de la Nación entonces se aplicó indebidamente contra sus dirigentes la detención provisional por 36 meses, en contra de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional del Perú.

Y concluye su carta diciendo: “Por tal causa, como Presidente electo en dos ocasiones y defensor de las libertades democráticas, me dirijo a Usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay, hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país”.

Lo más probable es que el fiscal Domingo Pérez formalice la etapa de investigación preparatoria contra Alan García, solicitando prisión preventiva por el evidente riesgo de fuga, esto determinará que el juez ordene su captura internacional y luego las autoridades peruanas tendrán que iniciar el proceso de extradición como viene sucediendo en el caso de César Hinostroza, en los próximos días conoceremos la nueva estrategia que deberá trazar el fiscal del caso para continuar con sus investigaciones y revertir la actual situación de su poderoso investigado, en tanto, el gobierno de Uruguay tiene un plazo máximo de 90 días para decidir si otorga o no el pedido de asilo, el gobierno tiene que remitir toda la información necesaria para que sea evaluada por la comisión respectiva.

Si se le concede el asilo solicitará al Perú un salvoconducto para que sea trasladado vía aérea a Uruguay, no sabemos si el gobierno peruano estará dispuesto a permitirlo, si no se le concede el asilo entonces el embajador uruguayo tendrá que pedirle que deje su residencia y entregarlo a las autoridades peruanas, sin embargo, es posible que en este caso Alan García decida actuar —otra vez— por la otra vía, distinta a la establecida en los procedimientos formales, porque en la noche todos los gatos son pardos, dice un viejo dicho popular.