El domingo antes de las ocho de la noche ya se anunciaba el mensaje a la nación del presidente Vizcarra, las redacciones en los medios de comunicación esperaban impacientes aquel momento, la expectativa era mayor respecto de anteriores ocasiones, el movimiento y la llegada de vehículos oficiales a Palacio de Gobierno empezaron al terminar la tarde; hasta que apareció el Presidente en todos los canales de televisión, se mostró seguro, enérgico y con la mirada hacia arriba de la cámara, donde era evidente que tenía escrito el discurso que anunciaba dos medidas de singular relevancia para los tiempos aciagos en la política peruana. 

Empezó su discurso recordando que “en el mes de junio se conocieron una serie de audios que dejaron al descubierto el enorme entramado de corrupción que aqueja a nuestro poder judicial y que afecta gravemente a nuestras instituciones”, y luego destacó que acudió personalmente al Congreso para entregar cuatro proyectos de ley de reforma constitucional para resolver de manera urgente la reforma política y judicial a través de un referéndum, “para que todos los peruanos puedan decidir, si quieren la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, la no reelección de congresistas y un sistema transparente de financiamiento de los partidos políticos, (…) son los ciudadanos quienes definirán si quieren esos proyectos mediante el voto, y debemos realizar ese referéndum, junto con las elecciones del 8 de diciembre”, señaló el Presidente.

Luego, recordó que el 14 de septiembre del 2000 los peruanos fuimos testigos del primer vladivideo señalándolo como el punto de inflexión para la caída de un régimen sumergido en la corrupción, “sin embargo, hoy me pregunto, ¿qué hemos aprendido? Si ayer fue un vladivideo, hoy son los audios que nos regresan a ese momento y nos muestran lo más vulgar de la corrupción, enquistada en nuestras instituciones. (…) Recojo el clamor popular, ¡reforma ya!, basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que trasgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad”, enfatizó.

El presidente Vizcarra dijo que luego de 40 días hasta el momento el Congreso no tenía ni un solo dictamen aprobado en una comisión, por el contrario, hizo dos graves observaciones al actuar del parlamento, “no podemos permitir que los titulares de la ONPE y el RENIEC sean elegidos por el Congreso, porque sería dar lugar a que un partido político pueda controlar a quien debe fiscalizar las elecciones democráticas. Así mismo, es inaceptable que se proponga impedir a los nuevos titulares del CNM investigar los actos de corrupción cometidos con anterioridad. Eso equivale a garantizar la impunidad y constituye una burla a la voluntad ciudadana de transparencia y lucha contra la corrupción”.

En consecuencia, anunció la aplicación del artículo 133 de la Constitución planteando la cuestión de confianza al Congreso para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas por el ejecutivo, además, convocó a legislatura extraordinaria para el miércoles 19 de septiembre a las ocho de la mañana, fecha donde el pleno tendrá que decidir si aprueba o no las reformas constitucionales y si convoca a referéndum para diciembre de este año.

Las reacciones no se hicieron esperar, el presidente del congreso Salaverry convocó para hoy lunes a junta de portavoces y el presidente Vizcarra también convocó a los voceros de las bancadas a una reunión por la tarde en Palacio de Gobierno, mientras que varios congresistas, constitucionalistas y analistas políticos tratan de explicar el escenario actual que vivimos.

Lo cierto es que si el Congreso niega la cuestión de confianza, el Presidente estaría facultado para disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias en un plazo no mayor a cuatro meses, entre tanto, puede llevar a cabo las reformas constitucionales a través de decretos de urgencia, incluso convocar a referéndum, lo que significa que en el 2021 ya no habría posibilidad de reelección de congresistas, retornaríamos a la bicameralidad, tendríamos un nuevo CNM y las elecciones se realizarían con nuevas reglas, sobre todo para el financiamiento transparente de las campañas y partidos políticos.

En caso que el Congreso —y sobre todo Fuerza Popular— acepte (agachando la cebeza) y apruebe las cuatro reformas constitucionales, le reafirme su confianza al gabinete Villanueva y convoque a referéndum, el resultado sería el mismo que lo señalado en el párrafo anterior para el 2021; es decir, parece que el ejecutivo ha tomado el camino que les garantiza hacer realidad lo anunciado por el presidente Vizcarra en su discurso del 28 de julio pasado, además de incrementar la aprobación y popularidad del presidente por parte de la ciudadanía y todo lo contrario para Keiko y sus partidarios.

Adicionalmente debemos considerar la iniciativa ciudadana requerida a la ONPE para convocar a referéndum mediante la recolección de firmas, donde además de las cuatro reformas del ejecutivo, se buscará la eliminación de la inmunidad para los congresistas, ministros y magistrados supremos, situación que sin duda será tomada en cuenta favorablemente por la ciudadanía.

Todo parece indicar que el 2021 tenemos la oportunidad de reemplazar totalmente al congreso de mayor descrédito en toda nuestra historia republicana, un congreso que protege a sentenciados a pena de cárcel como Edwin Donayre y Benicio Ríos (ahora prófugo), un congreso que pese a graves denuncias de corrupción, aún no aprueba la denuncia constitucional interpuesta por el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez contra los consejeros de la vergüenza del CNM, y menos aún, un congreso que no se atreve a levantarle la inmunidad al suspendido juez Hinostroza. No nos sorprendería alguna otra decisión sui géneris o “interpretación auténtica” de este parlamento frente al emplazamiento público que acaba de hacerles el presidente Vizcarra, por que como ya estamos acostumbrados en la política peruana, todo puede suceder.