Este fin de semana una pareja chilena fue liberada de la prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial —a pedido de una fiscal por el presunto delito de trata de personas—, una prisión ordenada sin siquiera existir una sola prueba de este supuesto delito; fueron seis días de encierro injustificado que soportaron ambos, además de ser expuestos ante la prensa como dos criminales, esposados, humillados, y lo que es peor, separados por la fuerza de los mellizos recién nacidos que —luego de sufrir esta pesadilla— les fueron entregados públicamente a su padre biológicamente demostrado con una prueba de ADN de parte, como si este acto reparara el daño ocasionado. 

Jorge Tobar, de 48 años, fue recluido en el penal Sarita Colonia del Callao, y su esposa Rosario Madueño, de 46, fue trasladada al penal Ancón II, allí soportaron la injusticia de la justicia peruana, allí se aferraron a la fe como si fuera el camino divino el único que pudiera librarlos de ese episodio vergonzoso de nuestras autoridades que tienen en sus manos el poder para disponer la libertad, el castigo, la cárcel, la desesperanza o la impunidad ante el delito y el crimen que infecta el tejido social peruano.

Este caso es otro ejemplo de la crisis que padece la justicia en el Perú, todos somos testigos de la continua y permanente revelación de actos de corrupción que vinculan a los operadores de justicia en todos los niveles, todos los días se publica información que evidencia el contubernio entre criminales, autoridades, empresarios, jueces y fiscales; cada semana una nueva denuncia pública nos alerta a viva voz del mal que padecemos, de la infección generalizada que emerge como la pus a través de audios, correos y confesiones de colaboradores eficaces, hechos revelados por la prensa de investigación, aquella que en lugar de ser el mejor aliado de los fiscales y congresistas que tienen como mandato constitucional investigar estos actos, terminan siendo señalados, amedrentados y acusados por los mismos responsables de dar merecido castigo a los que infringen la ley, convirtiéndose en defensores y protectores de los que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas y pagar las condenas por sus delitos.

En medio de todo este caos se exige una inmediata reforma del sistema de justicia, el pedido formal ha sido realizado personalmente por el presidente Martín Vizcarra, quien acudió al Congreso para alcanzar sus propuestas, quien además en diferentes actos públicos exige al Congreso que lo discuta de una vez por todas dando lugar al referéndum anunciado el 28 de julio en su discurso presidencial, pero el Congreso hasta hoy no ha sido capaz de atender este pedido que cada vez se hace propio de la sociedad peruana.

Esta semana los decanos de los colegios de profesionales han anunciado que iniciarán la recolección de firmas para exigir el referéndum, agregando a la consulta popular la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de altos funcionarios, un pedido más que a todas luces será apoyado por la mayoría de peruanos.

Sin embargo, lo que todavía no tenemos claro es en qué consiste la reforma del sistema de justicia, todos estamos de acuerdo de que debe reformarse, pero aún no existe una propuesta integral sobre la reforma, por ejemplo, ¿cómo se elegirán a los jueces y fiscales?, ¿cómo se controlará la eficiencia de sus actos?, ¿qué sucederá con el CNM?, ¿seguirá funcionando a través de consejeros elegidos por procesos poco transparentes?, ¿cualquier abogado podrá ser designado a dedo para ser juez o fiscal provisional?, ¿será suficiente ser abogado para convertirse en juez o fiscal provincial, superior o supremo?, ¿será necesario saber qué función cumple el clítoris para pasar la etapa de entrevista en el nuevo CNM?, ¿los aspirantes a jueces y fiscales deben saber cocinar los platos típicos de las regiones donde postulan?, ¿la academia de la magistratura seguirá funcionando tal como está?, ¿la escuela del Ministerio Público seguirá “formando” fiscales?, ¿el Instituto de Medicina Legal seguirá dependiendo de la Fiscalía en las mismas condiciones deplorables?, ¿qué requisitos deben reunir los peritos que contrata la fiscalía?, ¿ahora sí se terminará de implementar el nuevo código procesal penal en todo el país?, ¿la reforma incluye el expediente judicial electrónico único o se continuará implementando por separado de la fiscalía y la policía?, ¿la Contraloría seguirá funcionando igual o existe una nueva propuesta para evitar que los funcionarios corruptos sigan haciendo de las suyas ante la vista y paciencia de sus oficinas de control interno?, ¿el régimen laboral de los administrativos y los que forman parte del sistema fiscal o judicial seguirá igual?, ¿los mecanismos de arbitraje seguirán vigentes o serán modificados?, ¿las subastas públicas serán manejados por los martilleros profesionales o los jueces seguirán “interviniendo”?, ¿se tiene en cuenta un observatorio único del crimen o seguiremos manteniendo uno en cada entidad haciendo lo mismo?

Estas son algunas de muchas preguntas que todavía no tienen siquiera una propuesta de respuesta o alternativa de solución a los problemas de fondo de la justicia peruana, respuestas que no las vamos a encontrar en el proceso de referéndum, éste es el verdadero trabajo de reforma que ya debemos ir realizando, de lo contrario, por más reformas constitucionales que logremos, en el día a día, en cada juzgado, en cada comisaría, en cada fiscalía, seguirán existiendo encintados incompetentes que haciendo gala de su placa tomarán decisiones equivocadas, injustas o parcializadas frente a determinados hechos que afectan los derechos más elementales de todos los peruanos, y por lo visto, también de extranjeros como el caso de la pareja de chilenos.

Parafraseando al primer ministro Villanueva, ¡qué carajo vamos a presentar a un Perú así… ante la llamada reforma de justicia!

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