La justicia peruana es una entelequia que por lo visto solo está al alcance de aquellos privilegiados que hablan con los magistrados y que además cuentan con recursos económicos suficientes para atender las exigencias de toda índole de algunos que haciendo uso de su cinta de color y una medalla representan la persecución del delito, y al frente de ellos, en los juzgados, los otros que también portan cintas y medallas y que representan la administración de justicia. 

Para tratar de alcanzar justicia en el Perú se necesita una denuncia, la mayoría de peruanos víctimas de la violencia o el crimen acuden a las comisarias, el primer eslabón de una penosa travesía sobre un escabroso camino impredecible, allí son recibidos generalmente con indolencia e indiferencia, una larga espera frente a un uniformado con pocas habilidades en el manejo de la computadora y los sistemas informáticos, — ¡espere allí!, ¡su nombre!, ¡DNI!, ¡dirección!, a ver ¿qué pasó?— y otras tantas preguntas al compás de la escritura del policía para sentar la denuncia que recién al día siguiente puedes obtener impresa, claro, si hay sistema.

Dependiendo de la gravedad del hecho se requerirá la presencia de un fiscal, sino, la denuncia quedará allí, sin ninguna posibilidad de seguimiento virtual, ni nada, solo los que insisten reiteradamente lograrán algo de atención por su caso, salvo la llamada de un superior o personaje con poder que señale la importancia de resolver ese caso, y entonces se activan las sirenas y los expeditos policías hacen su trabajo, a todas luces insuficiente frente a los índices de violencia y crimen registrados en el Perú.

Cuando la denuncia llega a manos del fiscal provincial se padece un drama similar, aunque la denuncia ya está ingresada en la comisaría, nuevamente el fiscal tiene que abrir un nuevo caso e ingresarlo al sistema fiscal, luego ordenará las diligencias a la policía, la toma de declaraciones a los involucrados y listo, a esperar y esperar y esperar, a pesar de que la ley establece plazos para cada etapa en las investigaciones fiscales, estos no se cumplen, o terminan haciéndose los expedientes mal que bien a pocas horas de vencerse el plazo para pedir una ampliación, y otra vez a esperar, y así pasan los meses y años.

En el Perú tenemos más de 6,200 fiscales distribuidos en todo el país, de los cuales 3,860 son titulares, es decir, fueron evaluados por el CNM para cumplir su función (efectivamente ese CNM que ya conocemos), y el resto (más del 38 %) son designados por el Fiscal de la Nación sin más requisitos que ser abogado. De todos ellos 5,530 son provinciales, 685 son fiscales superiores y 22 son supremos.

Por otro lado, cada año el ministerio público recibe más de un millón de denuncias nuevas en las 1,106 fiscalías provinciales a nivel nacional, siendo las penales (436), civil y familia (201) y las fiscalías mixtas (146), las que reciben cerca del 60 % de casos. Adicionalmente a los fiscales, el ministerio público cuenta con 530 profesionales de la salud que trabajan en el Instituto de Medicina Legal y 13,350 técnicos y profesionales; es decir, 20,100 personas dedicadas íntegramente a contribuir a la persecución del delito en el Perú; y que cuentan con un presupuesto de 1,880 millones de soles este año, y que hasta la fecha han ejecutado el 62,9 %.

El siguiente eslabón es el poder judicial, con 3 mil jueces a nivel nacional, de los cuales 40 son supremos, 550 son superiores, 1,600 son jueces especializados y 800 son jueces de paz letrados, de los cuales más del 40 % son supernumerarios o provisionales, es decir, designados a dedo; además cuentan con un presupuesto asignado de 2,432 millones de soles este año, con un nivel de ejecución del 62,8 %.

En noviembre del año pasado Duberlí Rodríguez señalaba que la carga procesal del poder judicial era de 2´516,889 expedientes, pero que solo podían resolver el 55 % de todos los casos, es decir, más de un millón de expedientes han sido pasados para el 2018, y entre su principal argumento decía que era la falta de presupuesto, y según sus cálculos necesitan 7,300 millones de soles al año —el triple— para resolver este problema, un argumento parecido al que escuchamos continuamente en el ministerio público.

Resolver el problema de la justicia en el Perú va más allá de refundar el CNM o asignarles más presupuesto, tiene que ver con definir una adecuada preparación, selección y evaluación de las capacidades éticas y profesionales de jueces y fiscales (labor que muy bien lo pueden hacer las universidades más prestigiosas del país), además de cortar de una vez por todas la provisionalidad de los mismos y establecer un sistema de designación escalonada (como los militares); en segundo lugar debe establecerse mecanismos rigurosos, eficientes y rápidos de control respecto del actuar de jueces y fiscales, este control debe ser independiente y autónomo, libre de presiones políticas y conformado por un tribunal de honor íntegro y solvente moralmente; en tercer lugar, debe dotarse de profesionales expertos en gestión pública que conformen el sistema de gestión administrativa totalmente independiente de los jueces y fiscales supremos, porque ellos son los responsables de administrar más de 4,300 millones de soles de nuestro presupuesto al servicio de la correcta administración de justicia, no los titulares de estas entidades como es ahora, por ello, los gestores públicos deben ser seleccionados, designados y supervisados por SERVIR y controlados adecuadamente por la Contraloría, así evitaremos que la ineficiencia e incapacidad de gestión termine afectando a todos los peruanos que padecen una vía crucis cada vez que recurren al sistema de justicia.

La reforma constitucional debe plasmar una propuesta integral de la conformación de un nuevo modelo del sistema de justicia, que se inicia desde la policía, luego la fiscalía, el poder judicial y los centros penitenciarios; y debe incluir a órganos de control, designación y vigilancia del sistema y de todos sus actores involucrados; con sistemas informáticos transversales, por ejemplo, la denuncia en la comisaría debe convertirse en el expediente único de acceso fiscal, judicial y de control, para garantizar una adecuada cadena de custodia, el debido proceso y el control de plazos, tres factores totalmente vulnerables en la precaria justicia que hoy tenemos y que peor aún está en manos de muchos policías, jueces y fiscales que siguen haciendo de las suyas en medio de este río revuelto de aguas negras.

Este desafío puede ser asumido por el Acuerdo Nacional a través de una secretaría especial encargada de desarrollar esta propuesta, porque ellos son los que tienen la responsabilidad de elaborar y proponer las políticas de Estado con una visión de largo plazo, que es lo que necesitamos, y aunque algunos proponen a la CAN como una alternativa, lo cierto es que desde su creación es muy poco o casi nada lo que ha logrado en materia de lucha contra la corrupción.