En una reciente nota informativa de Transparencia Internacional me llamó la atención una cita de José Ugaz que dice: “Solamente si existe libertad de expresión, transparencia en todos los procesos políticos e instituciones democráticas sólidas, la sociedad civil y los medios de comunicación podrán exigir que quienes están en el poder rindan cuentas por sus actos y será posible combatir con éxito la corrupción”. 

Y entonces nos toca mirar el Perú para ver si estas tres condiciones se cumplen. En primer lugar la libertad de expresión como derecho fundamental: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (establecido en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos). Sin embargo, desde el legislativo están tratando de promover leyes que contravienen este derecho y que claramente buscan establecer mecanismos de control y de censura a los periodistas y medios de comunicación que no son de su preferencia. En tanto, seguimos encontrando en los quioscos de periódicos algunos diarios que publican en sus portadas medias verdades o mentiras completas manchando honras al viejo estilo de los 90, y peor aún, muchos periodistas resultan “molestados” y atacados furibundamente a través de las redes sociales por sus opiniones y publicaciones.

En segundo lugar, la transparencia en los procesos políticos, y aquí es necesario hacer una distinción entre los procesos de elección política –que felizmente hasta ahora marchan bien-, y los procesos de gestión política, que comprenden la gestión pública en los tres niveles de gobierno, el sistema de justicia y los organismos autónomos; donde lamentablemente encontramos graves deficiencias. Basta navegar por las páginas web de estas instituciones para darse cuenta del incumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública por parte de la mayoría de instituciones del Estado, además de claras resistencias para brindar información completa de los pedidos que realizan los ciudadanos directamente a las instituciones públicas.

Y en tercer lugar, se refiere a la necesidad de tener instituciones democráticas sólidas, situación que tampoco se cumple a plenitud, peor aún siendo testigos del debilitamiento institucional que padece la primera magistratura del país: la Presidencia de la República, actualmente involucrada en el caso Odebrecht y cuyos máximos representantes se encuentran inmersos en procesos de investigación fiscal, incluso con pedidos de detención internacional. A esto le debemos sumar las diferentes denuncias periodísticas que tienen como protagonistas a ministros, viceministros y otros altos funcionarios de Estado cuestionados por su pasado o por hechos en particular que terminan poniendo en tela de juicio su idoneidad para el cargo que se les ha confiado.

Y del sistema de justicia tampoco podemos esperar mucho, es evidente la lentitud y la indiferencia que caracteriza a este sector para enfrentar con determinación, eficiencia y eficacia a la criminalidad y la corrupción generalizada en todo el país, por decir lo menos. La corrupción ha logrado penetrar los eslabones de la administración de justicia: la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, la Contraloría, la Procuraduría Pública y el CNM.

Y si miramos al Congreso encontramos a otro poder del Estado totalmente desacreditado, donde el ataque certero, la diatriba, el insulto y el lenguaje procaz son los bocados preciados por la prensa parlamentaria del hall de los pasos perdidos, y donde las comisiones se convierten en salas inquisidoras ante el ojo público. Sin embargo, son incapaces de mirarse entre ellos para separar la paja del trigo, donde “otorongo no come otorongo”, donde el grito de guerra de la mayoría deviene en la vocería de Becerril y de Galarreta, como si fueran los más ilustres senadores del ágora de Atenas.

Y entonces solo queda voltear la mirada hacia el otro lado, donde está la sociedad civil, donde están los ciudadanos de a pie, donde están los que trabajan día a día sin desmayo para llevar el pan a la casa, al otro lado donde están los que buscan vivir felices con los suyos, los que no quieren saber nada de política, los que no quieren formar parte de ningún partido, los que ya no creen en la autoridad elegida, en la justicia, en el respeto al prójimo.

No, estimado doctor Ugaz, el Perú no logra alcanzar los tres requisitos, quizás por eso no podemos exigir a los que están o estuvieron en el poder que rindan cuentas por sus actos, quizás por eso no podemos combatir con éxito y en el corto plazo el problema de la corrupción. Por eso, es probable que en las próximas elecciones surja un nuevo outsider abanderando la lucha contra la corrupción, y nuevamente volveremos a mirar al interior del Estado, y los medios seguirán vendiendo sensacionalismo, y se denunciarán a más funcionarios públicos en sendos reportajes, y los periodicuchos seguirán colgando sus infamias en los quioscos, y los corruptos seguirán robando.

Creo que ya es momento de enfrentar de verdad este problema, y de invertir de una vez por todas en un verdadero cambio de actitud de los peruanos; la sociedad civil y la prensa libre son los dos pilares sobre los que se debe construir una política de recuperación moral del Estado. Los jóvenes de hoy necesitan recibir una severa dosis de ética y de respeto al prójimo, a las leyes y al medio ambiente; los niños de hoy necesitan el adecuado alimento para sus mentes, para que crezcan con una visión de un Perú mejor, para que estén dispuestos a construir ese país que merecemos. No me cabe la menor duda que el camino es la educación en valores para combatir definitivamente el cáncer de la corrupción que hoy nos corroe, esta es la urgente tarea que debe emprender el gobierno.

Publicado en: www.depolitika.pe